BUROCRACIA ESTATAL: CEMENTERIO DE PROYECTOS POLITICOS
Hoy por hoy, el discurso político de los partidos en el Perú se nutre de expresiones programáticas que apuntan a la configuración de un proyecto político alternativo. Inevitab
lemente, el discurso incluye la obligada referencia a la reforma del estado, entendida casi siempre como la racionalización y reestructuración del sector público. ¿Por qué? Porque el estado no es una entidad monolítica al servicio de un proyecto político invariable. Es más bien un sistema institucional en permanente flujo, internamente diferenciado, sobre el que repercuten, también diferencialmente, demandas y contradicciones de la sociedad. Por lo tanto, todo nuevo régimen, además de intentar alterar la relación de fuerzas en la sociedad, en consecuencia con su concepción política y la necesidad de consolidar sus bases sociales de apoyo, también debe intentar modificar la relación de fuerzas existentes en el interior del propio aparato estatal.
Por la experiencia vivida, cada elección en el Perú conlleva a la materialización de un proyecto político y exige actuar sobre (y a través de) una estructura burocrática preexistente. Durante las últimas décadas, la frecuente alternancia de regímenes con signos a menudo opuestos contribuyó enormemente a aumentar el grado de incoherencia y rigidez de esa estructura burocrática. Resultó así inevitable el "lastre" de personal y organismos, con intereses u orientaciones poco congruentes con el programa de acción del régimen de turno. El sector público tendió, de esa forma, a convertirse en un inmenso cementerio de proyectos políticos, en el que perduran insepultos organismos y programas que alguna vez fueron avanzada institucional de regímenes con designios diferentes, es decir, se cree que todo lo que hizo el anterior gobierno está todo mal y hay que empezar nuevamente.
¿Qué es entonces la reforma del estado? Es el conjunto de acciones a través de las cuales todo nuevo régimen trata de aumentar el grado de congruencia entre su plan de gobierno o proyecto político y el aparato estatal existente. Tales intentos pueden llegar a alterar jurisdicciones, jerarquías y competencias, afectar "derechos adquiridos", modificar, en fin, situaciones de poder establecidas dentro de las instituciones estatales.
¿Por qué esos intentos no siempre son exitosos? Porque al favorecer a determinados sectores e intereses, todo nuevo proyecto político interioriza en el aparato estatal nuevas tensiones, privilegiando automáticamente ciertos organismos y programas o sectores en detrimento de otros. Es previsible entonces que se generen resistencias y se susciten comportamientos que tenderán a desvirtuar o atenuar el sentido de las decisiones o acciones emprendidas por el régimen.
Los esfuerzos por aumentar la congruencia entre el proyecto político de turno y el aparato institucional requerido para ejecutarlo, se manifiestan en acciones destinadas a modificar las prioridades y contenidos sustantivos de las políticas, afectando -positiva o negativamente- a diferentes sectores sociales y, consecuentemente, a las organizaciones estatales y clientelas burocráticas vinculadas a dichas políticas y acciones dirigidas a producir cambios significativos en las actividades de apoyo del sector público, tales como planeamiento, presupuesto, organización y métodos o registro estadístico.
Naturalmente, las unidades burocráticas que resultan marginales para el proyecto político de turno, no permanecen pasivas frente a dichos intentos y ponen en juego mecanismos, recursos y prácticas más o menos institucionalizados para contrarrestar aquéllas iniciativas que cuestionan su poder o supervivencia.
Por su parte, los organismos y funcionarios más estrechamente ligados al régimen gobernante, también recurren a diversas técnicas y mecanismos para aumentar su control sobre la burocracia establecida.
En la experiencia durante los últimos años la capacidad de resistencia de la burocracia estatal a los embates de cada nuevo régimen ha sido comparativamente elevada. Numerosos organismos y programas estatales (los llamados nombrados del sector publico) que alguna vez intentaron, y tal vez consiguieron, materializar en su área de gestión específica concepciones opuestas a las vigentes, lograron no obstante subsistir, atrincherados en supuestas capacidades técnicas, o escudados por criterios de legitimación ad-hoc, llegando a desnaturalizar la transversalidad entre lo técnico y lo político.
Cada elección municipal o regional genera nuevos cadáveres que alguna vez fueron rutilantes vedettes del escenario estatal y son parte del precio que hoy pagamos por la inestabilidad política, la facciosidad social y la debilidad de las instituciones democráticas. La frecuente alternancia en el poder y el inevitable arte o voluntad de los elencos de turno, tornan la lucha intra-burocrática dura y estéril. Quizás por ello, las "reformas del estado" intentadas en el pasado por los sucesivos gobiernos, se limitaron a retoques de "cosmética burocrática", sin llegar a transformar verdaderamente la naturaleza y el papel desempeñado por el aparato estatal.
El tema, naturalmente, merece un tratamiento detenido que no podemos acordarle en la presente nota. Pero al menos debe alertarnos sobre la necesidad prioritaria de que se encare, con la atención y profundidad que el problema exige, la cuestión de la reforma del estado, para que su aparato institucional adquiera, definitivamente, un perfil coherente con un proyecto y un régimen político democráticos. Sólo así podrán sepultarse para siempre los cadáveres de tantos proyectos fallidos, expresión institucional de la caótica y turbulenta experiencia política que nuestro país ha padecido durante más de medio siglo.
Hoy por hoy, el discurso político de los partidos en el Perú se nutre de expresiones programáticas que apuntan a la configuración de un proyecto político alternativo. Inevitab
lemente, el discurso incluye la obligada referencia a la reforma del estado, entendida casi siempre como la racionalización y reestructuración del sector público. ¿Por qué? Porque el estado no es una entidad monolítica al servicio de un proyecto político invariable. Es más bien un sistema institucional en permanente flujo, internamente diferenciado, sobre el que repercuten, también diferencialmente, demandas y contradicciones de la sociedad. Por lo tanto, todo nuevo régimen, además de intentar alterar la relación de fuerzas en la sociedad, en consecuencia con su concepción política y la necesidad de consolidar sus bases sociales de apoyo, también debe intentar modificar la relación de fuerzas existentes en el interior del propio aparato estatal.Por la experiencia vivida, cada elección en el Perú conlleva a la materialización de un proyecto político y exige actuar sobre (y a través de) una estructura burocrática preexistente. Durante las últimas décadas, la frecuente alternancia de regímenes con signos a menudo opuestos contribuyó enormemente a aumentar el grado de incoherencia y rigidez de esa estructura burocrática. Resultó así inevitable el "lastre" de personal y organismos, con intereses u orientaciones poco congruentes con el programa de acción del régimen de turno. El sector público tendió, de esa forma, a convertirse en un inmenso cementerio de proyectos políticos, en el que perduran insepultos organismos y programas que alguna vez fueron avanzada institucional de regímenes con designios diferentes, es decir, se cree que todo lo que hizo el anterior gobierno está todo mal y hay que empezar nuevamente.
¿Qué es entonces la reforma del estado? Es el conjunto de acciones a través de las cuales todo nuevo régimen trata de aumentar el grado de congruencia entre su plan de gobierno o proyecto político y el aparato estatal existente. Tales intentos pueden llegar a alterar jurisdicciones, jerarquías y competencias, afectar "derechos adquiridos", modificar, en fin, situaciones de poder establecidas dentro de las instituciones estatales.
¿Por qué esos intentos no siempre son exitosos? Porque al favorecer a determinados sectores e intereses, todo nuevo proyecto político interioriza en el aparato estatal nuevas tensiones, privilegiando automáticamente ciertos organismos y programas o sectores en detrimento de otros. Es previsible entonces que se generen resistencias y se susciten comportamientos que tenderán a desvirtuar o atenuar el sentido de las decisiones o acciones emprendidas por el régimen.
Los esfuerzos por aumentar la congruencia entre el proyecto político de turno y el aparato institucional requerido para ejecutarlo, se manifiestan en acciones destinadas a modificar las prioridades y contenidos sustantivos de las políticas, afectando -positiva o negativamente- a diferentes sectores sociales y, consecuentemente, a las organizaciones estatales y clientelas burocráticas vinculadas a dichas políticas y acciones dirigidas a producir cambios significativos en las actividades de apoyo del sector público, tales como planeamiento, presupuesto, organización y métodos o registro estadístico.
Naturalmente, las unidades burocráticas que resultan marginales para el proyecto político de turno, no permanecen pasivas frente a dichos intentos y ponen en juego mecanismos, recursos y prácticas más o menos institucionalizados para contrarrestar aquéllas iniciativas que cuestionan su poder o supervivencia.
Por su parte, los organismos y funcionarios más estrechamente ligados al régimen gobernante, también recurren a diversas técnicas y mecanismos para aumentar su control sobre la burocracia establecida.
En la experiencia durante los últimos años la capacidad de resistencia de la burocracia estatal a los embates de cada nuevo régimen ha sido comparativamente elevada. Numerosos organismos y programas estatales (los llamados nombrados del sector publico) que alguna vez intentaron, y tal vez consiguieron, materializar en su área de gestión específica concepciones opuestas a las vigentes, lograron no obstante subsistir, atrincherados en supuestas capacidades técnicas, o escudados por criterios de legitimación ad-hoc, llegando a desnaturalizar la transversalidad entre lo técnico y lo político.
Cada elección municipal o regional genera nuevos cadáveres que alguna vez fueron rutilantes vedettes del escenario estatal y son parte del precio que hoy pagamos por la inestabilidad política, la facciosidad social y la debilidad de las instituciones democráticas. La frecuente alternancia en el poder y el inevitable arte o voluntad de los elencos de turno, tornan la lucha intra-burocrática dura y estéril. Quizás por ello, las "reformas del estado" intentadas en el pasado por los sucesivos gobiernos, se limitaron a retoques de "cosmética burocrática", sin llegar a transformar verdaderamente la naturaleza y el papel desempeñado por el aparato estatal.
El tema, naturalmente, merece un tratamiento detenido que no podemos acordarle en la presente nota. Pero al menos debe alertarnos sobre la necesidad prioritaria de que se encare, con la atención y profundidad que el problema exige, la cuestión de la reforma del estado, para que su aparato institucional adquiera, definitivamente, un perfil coherente con un proyecto y un régimen político democráticos. Sólo así podrán sepultarse para siempre los cadáveres de tantos proyectos fallidos, expresión institucional de la caótica y turbulenta experiencia política que nuestro país ha padecido durante más de medio siglo.
MAP. O. Oslac
